La junta y el ayuntamiento firman el protocolo para la cesión de los terrenos para la ciudad de la justicia
Rosa Aguilar confirma que la licitación del proyecto de evaluación de la Ciudad de la Justicia tendrá lugar en este mes de marzo y estará licitado antes de que acabe 2018. En paralelo, el Ayuntamiento trabajará en la cesión de los depósitos a la Junta y el alcalde confirma que la cesión de estos espacios culminará en breve
El Protocolo General de Colaboración entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía para la creación de la Ciudad de la Justicia se ha firmado este viernes. Un compromiso que, por fin, cuenta con una fecha concreta.
La Junta de Andalucía ha confirmado que las obras estarán licitadas antes de que acabe el año. Durante el mes de marzo se licitará el proyecto de evaluación, como ha indicado la consejera de Justicia, Rosa Aguilar y a lo largo de 2018, el proyecto de ejecución, paso previo para poder comenzar las obras.
De forma paralela en el tiempo, el Ayuntamiento de Cádiz trabajará en la cesión de los depósitos a la Junta. Una operación que, como ha confirmado el alcalde, culminará en breve.
José María González ha reconocido la valentía de la Consejera a la hora de cerrar fechas y la labor de Fernando López Gil, uno de los primeros impulsores del proyecto.
La Consejera de Justicia ha destacado las oportunidades que ofrece un espacio de esas características en la ciudad, como dinamizador económico e impulso para barrios como Loreto, Puntales, Cerro del Moro y Segunda Aguada.
El vicepresidente de la Junta, por su parte, ha ensalzado la lealtad y colaboración institucional como pieza fundamental para llegar al día de hoy.
La resultante del proyecto de ejecución de la Ciudad de la Justicia será la inversión que la Junta de Andalucía realice, según Aguilar.
Estos terrenos, localizados en Loreto, albergarán el complejo judicial en una superficie de 14.000 metros cuadrados. En un principio se dividirá en cuatro edificios, aunque los detalles concretos sobre los emplazamientos quedarán pendientes del diálogo abierto que se mantenga con los operadores jurídicos para que el equipamiento se adecúe perfectamente a sus necesidades.
