La junta abre procedimiento sancionador a pascual por atender a pacientes del sas sin tener concierto

La Consejería de Salud ha abierto sendos procedimientos sancionadores a las clínicas Virgen de la Bella en Lepe (Huelva) y San Rafael en Cádiz, ambas pertenecientes al grupo Pascual, tras comprobar "en reiteradas ocasiones que estos centros hospitalarios siguen atendiendo a pacientes en calidad de usuarios de la sanidad pública andaluza sin tener actualmente concierto alguno con la Administración".
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería, que han destacado que la apertura de estos procedimientos sancionadores se producen tras un requerimiento previo, notificado por parte de las delegaciones territoriales de Huelva y Cádiz a dichos centros hospitalarios, concretamente el pasado 2 de abril, donde "se les solicitaba cesar, con carácter inmediato, la actividad asistencial que venían prestando a los pacientes del sistema sanitario público, demanda que no ha sido atendida", por lo que "han seguido vulnerando la normativa y cometiendo presuntamente una falta considerada grave, que puede conllevar una multa".
Asimismo, añaden que a la citada empresa "se le ha vuelvo a realizar un segundo requerimiento en el mismo sentido con fecha 3 de mayo, por las citadas delegaciones territoriales", que en caso de no ser atendido "podría significar la comisión de una falta muy grave y la apertura de nuevos procedimientos sancionadores".
Para Salud, esto demuestra que la Administración "no ha estado paralizada y se han tomado todas las actuaciones necesarias en cada momento", rechazando así que IU "pueda hablar de inacción cuando se han tenido hasta 20 pleitos por diferentes motivos contra esta empresa".
Hay que recordar que el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, aseguró este martes que su formación política denunciará ante Fiscalía el "beneficio ilícito" de 164 millones de euros de Clínicas Pascual por la "inacción del Gobierno andaluz" y por su posible "negligencia".
"Estamos ya en campaña electoral y parece que el desprestigio de la sanidad pública andaluza está en el programa electoral de determinados partidos políticos, como IU, que sigue mintiendo sobre un asunto que para la Consejería se está llevando a cabo con la máxima diligencia y firmeza", lamentan desde la Consejería de Salud, e insisten en que "este partido y sus dirigentes mienten cuando hablan de la supuesta inacción de la Junta ante esta empresa cuando sus actuaciones pueden llegar a vulnerar la ley".
"Nuestra obligación es seguir velando para que estas situaciones no se produzcan, exigiendo que se cumpla la ley, denunciando y sancionando cuando se demuestre que esta empresa actúe de mala fe", afirman, al tiempo que recuerdan que todas las contrataciones que se han realizado hasta ahora para la prestación de servicios sanitarios a través de esta empresa "se han hecho en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, como no puede ser de otra manera".
Además, y relación a las declaraciones de IU sobre la supuesta "apropiación indebida" que ha podido concurrir en la imposición de precios abusivos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), Salud recuerda al partido que "es el SAS quien ha denunciado ante la Agencia de la Competencia esta situación, concluyendo este organismo que así ha sido e imponiendo dos sanciones".
En este sentido, explica que esta resolución ha sido recurrida por esta empresa, por lo que el SAS "está ya preparando las acciones necesarias para exigir una indemnización por estas prácticas abusivas a través del órgano judicial competente". Además, indican que se ha remitido a la empresa Pascual un requerimiento de pago del beneficio ilícito obtenido por importe de más de 164 millones y sus intereses.
Por último, recuerdan a IU los "numerosos litigios" que mantiene la Administración sanitaria contra esta empresa, que actualmente sigue siendo la única que puede prestar asistencia sanitaria en diferentes municipios donde el SAS no cuenta con centros públicos.
Y precisan que estas actuaciones "se han denunciado judicialmente, llegando ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo cuando ha sido necesario". Asimismo, manifiestan que "se han abierto diferentes expedientes sancionadores por incumplimientos de esta empresa" y que también "se le ha denunciado penalmente por publicidad engañosa".