Desconvocadas las protestas de los chiringuitos tras la reunión mantenida con el ayuntamiento

La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) ha mantenido en la mañana de este viernes una reunión con el Ayuntamiento gaditano, tras los desencuentros de las últimas semanas por la apertura de diversos expedientes en relación a la ocupación de las terrazas de las instalaciones hosteleras. En el encuentro han estado presentes, entre otros, por parte del Consistorio, David Navarro, la vicesecretaria general y técnicos municipales de Urbanismo y Medio Ambiente, así como José Antonio Medina e Iván Periano, por AECCA.
Desde AECCA se ha observado una buena voluntad tanto de los técnicos como los representantes del Equipo de Gobierno en aras de desbloquear la situación. Los empresarios han insistido en la necesidad de tener una seguridad jurídica y de criterios de interpretación técnica, ante una misma situación que se repite cada año como es la colocación de las terrazas en los chiringuitos. “Hemos concretado con los responsables municipales cuales son nuestros argumentos jurídicos y técnicos que formaran parte de nuestras alegaciones, apelando a la buena voluntad y el objetivo común de legalidad y colaboración”, según manifiesta José́ Antonio Medina, presidente de la asociación. A juicio de los empresarios se trata de un posición más sensible y dialogante por parte del Consistorio, por lo que los concesionarios han tomado la decisión de paralizar las protestas previstas, de momento, hasta comprobar la buena voluntad planteada dentro de los ámbitos de la legalidad.
Por otro lado, desde AECCA también se pretende aclarar la controversia sobre la transmisión de las concesiones, porque por un lado la Junta sostiene que se llevaron a cabo y el Consistorio, jurídicamente, necesita que esto se acredite. Para ello se ha propuesto una reunión a tres bandas (Ayuntamiento, Junta y AECCA), donde quedará clara la titularidad actual de las concesiones expendedoras de comida y bebida de las distintas playas de Cádiz. Algo que a juicio de la administración compeente (la autonómica) y los empresarios, no da a lugar a interpretación.