El grupo popular sigue sin tener acceso al convenio firmado con eléctrica para el alumbrado navideño de 2016
Los populares recuerdan que "tenemos actas de Eléctrica con Navarro diciendo que la información la pidiéramos en el Ayuntamiento y al alcalde sin convocar una comisión de investigación aprobada en pleno desde hace 17 meses"
El Grupo Municipal del Partido Popular ha rechazado este jueves –a través de su concejal y consejero de Eléctrica de Cádiz- José Blas Fernández, las afirmaciones realizadas en prensa por el alcalde sobre el Caso de Eléctrica y el alumbrado extraordinario de Navidad de 2016. A día de hoy y tras pedirlo por diferentes vías y en varias ocasiones (Consejo de Eléctrica, petición al alcalde, a la Secretaría General...) el GMPP sigue sin tener acceso al convenio firmado entre Ayuntamiento y Eléctrica para ampliar el alumbrado extraordinario de Navidad de 2016.
José Blas Fernández indicó que "suponemos que el alcalde, cuando dice que tenemos la información, no se referirá a que tras cerca de dos años pidiéndolo, la Secretaría General nos ha enviado un convenio que no está firmado por nadie y por tanto no tiene validez. Un papel sin valor alguno. Lo cierto es que sobre el acceso a este expediente lo único que tenemos son actas de Eléctrica de Cádiz donde se ve como reiteramos nuestra petición del convenio y la información, y a Navarro diciendo que la información la pidiéramos en el Ayuntamiento. Y por otra parte tenemos al alcalde, que lleva sin convocar una comisión de investigación sobre el asunto que fue aprobada en pleno desde hace 17 meses, en julio de 2017. Algo que es, evidentemente, otro asunto grave del que tendrá que responder".
INTENTO DE DESVIAR EL FOCO DE LA PRESUNTA PREVARICACIÓN
El concejal popular ha señalado, también al respecto de las declaraciones en prensa del alcalde, que se deduce un claro intento de desviar el foco en este asunto de la presunta prevaricación que se señala en la denuncia: "el alcalde –si es cierto lo que dice sobre su declaración en Fiscalía- ha mentido al intentar hacer de este caso un asunto de falta de información. El presunto delito es de prevaricación porque, finalmente, el acto presuntamente delictivo es pagar por dos vías un mismo servicio, ampliado, sin sacarlo a concurso sin pasar ningún trámite legal para ello y sin firmar ningún convenio que esté fiscalizado por Secretaría General e Intervención".
