La junta recuerda que la cesión de los chiringuitos "está cerrada" y ve "excesivo" que se recurra a la vía penal

El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña, ha recordado que la Administración autonómica "ya dio por cerrados" los procedimientos de la cesión de la titularidad de los chiringuitos al Ayuntamiento de Cádiz y ha indicado que la decisión municipal de "dar marcha atrás y desligarse de ese procedimiento" debería dirimirse por la vía contenciosa-administrativa, ya que "es excesivo" que se recurra a la vía penal.
En declaraciones a los periodistas, Acuña ha señalado que el Gobierno andaluz mantendrá "la línea de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz" en este aspecto, al tiempo que ha recalcado que es el Consistorio "quien tiene que explicar ese cambio de idea", en referencia a la declaración del alcalde de Cádiz, José María González, en calidad de investigado, tras la denuncia puesta por Ciudadanos por su supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de los referidos chiringuitos.
En esa línea, el delegado ha apuntado que no fue hasta agosto de 2018, "cuando el Ayuntamiento solicita a la Junta tenerse por desistido de un procedimiento que había finalizado el 30 de noviembre de 2017 e inició voluntariamente el Ayuntamiento".
DENUNCIA DE CIUDADANOS
Cabe recordar quela formación naranja interpuso la denuncia en el mes de julio, siendo admitida a trámite en el mes de agosto. Según explicaron el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, y la edil María Fernández-Trujillo, la denuncia fue contra el alcalde "al ser éste el que ha firmado el decreto de la concesión de la gestión de los chiringuitos a los empresarios donde se aprecia la presunta comisión de dos delitos".
A juicio de la formación, ha cometido prevaricación y malversación de fondos al realizar con el decreto la concesión administrativa de los chiringuitos de la que el Consistorio era titular a los empresarios titulares de la explotación "sin presentar un concurso público y ceder las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna, lo que es evidente perjuicio para el patrimonio municipal".
En este sentido, Fernández-Trujillo señaló que la concesión administrativa cedida poseía "relevantes novedades" con respecto a anteriores, "como mayor espacio al ampliar los recintos a 150 metros, estar instalado durante todo el año en lugar del máximo de nueve meses, así como ampliar la duración de la concesión de 15 a 30 años".