Del desconcierto por los primeros azotes del virus, a la acción rápida para garantizar servicios a la ciudadanía
A las instituciones públicas, le tocó reaccionar a la declaración del estado de alarma y a un confinamiento que obligaba a cambiar todos los procedimientos administrativos y a asumir a contrarreloj cambios de competencias.
El gobierno central decreta el estado de alarma y asume el mando único. Cambian las reglas del juego en pocas horas para combatir el virus y garantizar la seguridad ciudadana.
A la administración andaluza le tocaba garantizar el cumplimiento de derechos tan fundamentales como el acceso a la educación tras el cierre de colegios e institutos. Y al estado, la vigilancia del cumplimiento de las restricciones de movilidad y la gestión de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pero sin duda la clave de este año de pandemia, las políticas sanitarias. Primero en manos del ministerio y después de la administración andaluza. El avance del virus obligó a cambiar infraestructuras con obras y actuaciones de emergencia que permitieran el aislamiento de los circuitos covid, o la realización de pruebas diagnósticas con las mayores garantías.
Un año después las vacunas contra el coronavirus son la gran esperanza. El estado a través de la UE las distribuye y la Junta las administra.
