Un detenido y 23 empresas expedientadas en una operación contra el fraude a la Seguridad Social
Guardia Civil e Inspección de Trabajo han realizado esta campaña para detección de infracciones laborales en la provincia, especialmente en el sector agrícola
La Guardia Civil, junto con la Inspección de Trabajo, ha llevado a cabo en la provincia de Cádiz una operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social con inspecciones en 165 empresas, que han detectado 23 infracciones en esas materias.
Además, se ha detenido a una persona por tenencia de arma prohibida y se han formulado dos denuncias de caza, dos denuncias por tenencia de droga y tres denuncias por tráfico.
Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, las actuaciones realizadas han tenido lugar como respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad.
Los agentes han centrado sus actuaciones en los posibles fraudes y en verificar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores en el sector del trabajo agrícola.
El operativo ha detectado 23 infracciones muy graves por trabajadores sin dar de alta en el sistema de seguridad social, perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena (muy especialmente desempleo), así como extranjeros sin permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena, todo ello sin perjuicio de que los empresarios aporten en la sede de la Inspección de trabajo la documentación laboral de las personas que se encuentran a su cargo, que les ha sido requerida.
Desde la Inspección de Trabajo se formularán los expedientes sancionadores que podrían llevar aparejados además de sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude.
La Guardia Civil ha recordado los perjuicios de la economía sumergida que conlleva un grave riesgo para los consumidores, y que supone también competencia desleal con muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores.
