Una maraña burocrática amenaza con dejar en la calle a una madre con dos hijos
La vecina de la avenida de Guadalquivir tiene que abandonar por orden judicial la vivienda donde se ha criado, propiedad de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento ha mediado ante el juzgado para la suspensión del lanzamiento.
La historia de Verónica Rueda es la de una superviviente de cuna. Tas la muerte de su madre a temprana edad, pasó su niñez junto a su tía y su familia en el número 22 de la Avenida Guadalquivir, una vivienda propiedad de la Junta de Andalucía. Tras años de independencia económica y con dos hijos, de 12 y cuatro años, la vida y el fin del contrato de alquiler de su piso, ha provocado que regrese a la barriada de la Paz. Una nueva etapa que se ha visto truncada con una orden de desahucio al morir su primo mayor, que regentaba la casa y el contrato de arrendamiento.
La vecina no tiene papales que demuestren la historia de su vida. Así que para la administración andaluza reza como que ha usurpado la vivienda. Ella solo pide tiempo para buscar una solución tras recibir la negativa judicial y de la Junta ante el embrollo burocrático.
Verónica Rueda cuenta con el apoyo de sus vecinos, atrincherados en la puerta de su casa donde este jueves, día de aviso del desahucio, se amontonaban los muebles mientras ella y sus allegados se encerraban en la vivienda ante la negativa de pasar la noche en un albergue. De momento, la esperanza para la vecina tiene nombre de constructor, Agustín Rubiales, que ha expresado su compromiso de ofrecer una solución habitacional a la familia.
Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Cádiz aseguran que tras conocer el caso, han dado cita a la vecina con Procasa para buscar una opción de vivienda social y han enviado un escrito en el juzgado con la petición de la suspensión del lanzamiento "por razones humanitarias". El juzgado ha estimado está petición y ha paralizado por ahora la orden de desahucio.
