El Juzgado cita a declarar como investigado al exalcalde por presunto delito de prevaricación

El exalcalde de Cádiz José María González ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo día 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana, según han indicado a Europa Press fuentes del TSJA.

Junto al exalcalde, están citados a declarar otros dos concejales --de Personal y Hacienda-- en el momento de los hechos, que corren de noviembre de 2018 a abril de 2019, y dos asesores, entre ellos el que era su jefe de gabinete.

Los hechos, según ha adelantado Diario de Cádiz, se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.

En este sentido, ha señalado que según se desprende de las diligencias e investigación, iniciada en 2021, la llegada del asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de Contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de gobierno.

ADELANTE ANDALUCÍA HABLA DE 'LAWFARE'

Por su parte, Adelante Andalucía Cádiz ha afirmado que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, "todas archivadas", que "responden a esa estrategia de 'lawfare' de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal".

A juicio de Adelante Andalucía, "se trata del décimo octavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo".

En este sentido, ha afirmado que "el factor principal a tener en cuenta en esta ocasión es que la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos excargos de libre designación del PP".

TERESA RODRIGUEZ DENUNCIA LAWFARE POLITICO

La exlíder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado "el lawfare político" al que está sometida su pareja, el exalcalde de Cádiz, José María González, en un hilo en la red social X en el que emula palabras de Pedro Sánchez al asegurar que es "una mujer profundamente enamorada" de su marido "que vive con impotencia el fango que sobre él esparcen día sí y día también".

Con estos mensajes, recogidos por Europa Press, Rodríguez ha defendido la gestión del anterior Gobierno en la ciudad de Cádiz, que ha experimentado en los últimos ocho años hasta "18 denuncias", algunas de ellas "incluso habiéndose ido de la Alcaldía".

"Es obvio que lo que el PP considera ilegal es no gobernar", ha aseverado la ex portavoz nacional de Adelante, a raíz de unas informaciones que se han hecho públicas y en las que se indica que el exalcalde de Cádiz ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo día 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana.

Junto al alcalde, están citados a declarar otros dos concejales --de Personal y Hacienda-- en el momento de los hechos, que corren de noviembre de 2018 a abril de 2019, y dos asesores, entre ellos el que era su jefe de gabinete.

A este respecto, Teresa Rodríguez ha explicado que en este procedimiento se juzga "el papel de un asesor técnico que contratamos por ser experto en la nueva Ley de Contratos y en cláusulas sociales en la contratación pública" y que venía al Ayuntamiento a "contratar mejor para mejorar la economía local y los servicios".

Era experto, ha dicho, "en cómo contratar mejor para sacar de las garras de las subcontratas de las empresas del Íbex los servicios y el empleo público. Esas que devolvían favores financiando las campañas electorales del PP".

Aludiendo también al reciente caso de Erik Domínguez, presidente del Partido Popular de Jaén, criticado por presuntamente adelantar las bases de un concurso público para gerente del Consorcio de Transportes de su provincia un exparlamentario andaluz de Ciudadanos, Teresa Rodríguez ha señalado que en el caso gaditano este asesor externo no era familiar ni pareja de nadie, no usaron "información privilegiada para favorecer a empresas amigas 'en confianza' en contratos antes de que salieran en BOJA" y "no usaron dinero (público) del partido para comprar buenos titulares".

"Los partidos no suelen contratar personal para mejorar su trabajo técnico en las instituciones. No lo hacen con "su" dinero. Suelen gastarlo en sedes, publicidad, propaganda, autobombo... El único "delito" que hay ahí es haber invertido en mejorar nuestra gestión", ha afirmado en esta red social.

Además, ha acusado a "una ex delegada sindical de la Policía" Local de Cádiz, "a dos excargos de confianza" de la exalcaldesa del PP, Teófila Martínez, "que fueron destituidos" y "al PP como tal" de difundir esta información en los medios de comunicación, recordando no obstante que de las 18 causas judicializadas están "hasta ahora todas archivadas", pero que "han sido un campo de minas durante dos legislaturas".

"Vendetta y lawfare político a la gaditana", ha sentenciado Teresa Rodríguez, quien ha aprovechado para poner el foco en "la aparición de Teófila Martínez en los papeles de Bárcenas (con todas las letras de su nombre)", algo que como ha advertido, "no propició ningún reproche judicial, mientras la derecha nos ha mandado 18 veces a los juzgados en 8 años".

El exalcalde de Cádiz tendrá que declarar el próximo 24 de junio en sede judicial por un presunto delito de prevaricación. Los hechos se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el Gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.

Según se desprende de las diligencias e investigación, iniciada en 2021, la llegada del asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de Contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de Gobierno.