La Junta regulará el límite de uso de móviles en los centros para el próximo curso

El nuevo equipo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía que comanda María del Carmen Castillo va a regular la reducción de la carga administrativa para los profesores y equipos directivos y el uso de los móviles en los colegios andaluces en un mismo decreto que entraría en vigor el próximo curso, 2025/2026, según los plazos que maneja la Administración educativa.

María del Carmen Castillo anuncia que su Consejería está "trabajando" en un decreto de simplificación administrativa -ya abierto a aportaciones ciudadanas- en el que "se modificarán los distintos reglamentos orgánicos de los centros, y sí que incorporaremos en él esa parte de regulación del uso de los dispositivos digitales". "Soy partidaria de limitar el uso de los móviles" aunque, "realmente --apunta--, en Infantil y Primaria no se utilizan (dispositivos móviles ni tecnológicos); y en cuanto a los centros de Secundaria, cuando se utilizan, el uso suele ir vinculado al propio proyecto educativo".

Para la consejera, "el problema de los móviles no es tanto un problema educativo en el que nosotros podemos trabajar porque podemos enseñar a utilizarlos de una manera adecuada, sino un problema social y, sobre todo, familiar. Nosotros no dejamos que vengan los móviles al colegio, pero es que los niños en su Primera Comunión el regalo que reciben es un móvil. Si las familias no colaboran, no trabajan y no regulan a su vez el uso del móvil, es muy difícil para nosotros".

El proyecto de decreto para adoptar medidas de simplificación administrativa y racionalización en los centros y servicios educativos es "una de las reclamaciones de los sindicatos y de toda la comunidad educativa", reconoce la consejera, para la que, con esta actuación, la Junta busca reducir esa "sensación" de la comunidad educativa de que "hay muchísimos papeles y, mientras se hacen papeles, no se están atendiendo los procesos de enseñanza".

"Nuestra idea es empezar a simplificar en aquellas cuestiones que los propios profesores nos trasladan a través de las organizaciones sindicales; que los equipos directivos nos trasladan a través de las asociaciones de directores y que nos trasladan las organizaciones de la inspección educativa", señala Castillo, que, no obstante, aclara que la LOMLOE "ha incrementado muchísimo la carga del profesorado porque hay que hacer informes continuos. Todo son papeles, papeles, papeles... Hay, por tanto, muchas cosas que no podemos quitar, pero sí podemos trabajar en dos sentidos", avanza la consejera.

En primer lugar, en materia de digitalización; y, por otro lado, en la racionalización. "Cuántos de esos informes son necesarios, cuáles son los que hay que llevar a cabo. En el caso de los equipos directivos, todo lo que tiene que ver con protocolos podemos simplificarlos; y luego tratar de abordar cuáles son lo que ellos detectan como documentación superflua para quitarla. En eso estamos ahora mismo y el objetivo es tenerlo para el mes de julio de manera que el curso 2025/2026 se ponga de manifiesto esa simplificación".

Con este proyecto de decreto, "se pretende establecer una estructura normativa que agilice los diferentes procedimientos regulados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, al tiempo que permita aumentar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos materiales y humanos, optimizando la organización y funcionamiento de los centros, la gestión de los tiempos, la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad y la administración educativa tanto en los centros como en los servicios educativos", se explica en el portal de transparencia.