Sumar califica de "chantaje" la amenaza de Carnival de reparar sus barcos fuera de la Bahía de Cádiz
Desde Sumar Cádiz subrayan que Navantia tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega de las reparaciones compatibilizándolo con el respeto del descanso del personal.
Ante la amenaza de la naviera Carnival de trasladar sus reparaciones fuera de Cádiz debido al descanso dominical del personal de Navantia, la Vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de SUMAR por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha tachado de "chantaje" estas intenciones, defendiendo que el alto nivel de calidad del trabajo del personal de Navantia es incuestionable y expresando su preocupación en cuanto a lo que considera un "falso dilema" entre competitividad y derechos laborales.
Desde SUMAR Cádiz subrayan que la empresa pública Navantia, junto con sus profesionales y la industria auxiliar, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega de las reparaciones, pero que esto debe ser compatible con el respeto absoluto a la legalidad laboral, el descanso semanal y la conciliación familiar.
En este contexto, SUMAR Cádiz recuerda la iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre de 2024 con el respaldo de todos los partidos a excepción de VOX en la que se instaba a la dirección de Navantia a avanzar en la firma de un convenio colectivo que lleva demasiado tiempo caducado. Este convenio debería incluir medidas para abordar este tipo de circunstancias y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Gil de Reboleño exhorta a la dirección de Navantia a redoblar esfuerzos para cerrar este convenio lo antes posible, asegurando un marco laboral moderno y adaptado a las necesidades actuales.
De la misma forma, SUMAR Cádiz respalda la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores relacionadas con la ampliación de las plantillas y de esta manera garantizar entregas puntuales de los pedidos con los descansos legales oportunos, un mayor control en el registro horario y evitar el fraude de ley en los contratos fijos discontinuos. Propuesta relativa a que, para contribuir a soportar este incremento de la carga de trabajo, se realicen contrataciones de fijos discontinuos con contratos mínimos de seis meses, que podrían extenderse hasta diez meses, únicamente destinados a este fin. Ello, afirman, tiene la ventaja de que mantiene la competitividad, los plazos comprometidos en las entregas y respeta los derechos laborales.
