Los presupuestos municipales de 2025 llegan a Pleno para su aprobación
El Ayuntamiento convocará la sesión plenaria extraordinaria a finales de la próxima semana. Las cuentas municipales ascienden a 196 millones de euros.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, va a convocar para el próximo lunes 10 de marzo la Comisión Informativa de Economía y Hacienda previa al Pleno Extraordinario de los Presupuestos de 2025 con el objetivo de que dicha sesión se celebre a finales de la semana que viene.
Los presupuestos municipales del año 2025 que van a aprobación a ese pleno se vuelcan en la atención social, el mantenimiento del viario y plazas de la ciudad, los parques y jardines y lo parques infantiles, que además serán renovados en los próximos meses.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, ya avanzó hace unas semanas que el presupuesto de 2025 asciende a 195,8 millones de euros —un 3% mayor que el de 2024 y un 11,5 superior al de 2022. Así, el incremento en materia social es de un 13% respecto a 2024 y del 28,7% respecto a 2022 con las últimas cuentas del anterior Equipo de Gobierno.
Cabe destacar que las cuentas municipales de 2025 también contemplan una aminoración en el gasto destinado a los bancos, que pasará de 12 millones en 2022 a los siete destinado este año, lo que supone una variación del 57,8 por ciento.
Colegios públicos, vivienda pública y servicios públicos
El documento inversor también contempla inversiones en la ciudad como los arreglos de colegios públicos como San Rafael, San Felipe y en varios patios de otros centros, así como la renovación del alumbrado público
Asimismo, la inversión en vivienda pública cotará con los 11 millones transferidos a Procasa para 106 viviendas, de las que el 83 por ciento serán en alquiler social, al igual que la financiación del Portillo que ya está asegurada en el IMD (Instituto Municipal del Deporte).
Del mismo modo, el presupuesto contempla una partida de más de cinco millones para las labores de urbanización del proyecto de recuperación de Valcárcel como edificio universitario y de 1,2 para retomar la senda abandonada en 2015 de las expropiaciones de fincas que no atiendan los deberes de conservación y seguridad.
