El Supremo confirma más de cuatro años de cárcel a un exvicerrector de la UCA por malversación
Asimismo, ha confirmado la indemnización de 17.122 euros que debe pagar a la UCA, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una multa de 30.000 euros y la pena de cinco años de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la dirección y representación universitaria y con la administración de fondos públicos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y ocho meses de prisión impuesta a un exvicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Cádiz (UCA) Francisco Antonio Macías Domínguez al haberse acreditado que desvió de forma continuada los fondos públicos que administraba en su propio beneficio entre 2007 y 2011.
Asimismo, ha confirmado la indemnización de 17.122 euros que debe pagar a la UCA, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una multa de 30.000 euros y la pena de cinco años de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la dirección y representación universitaria y con la administración de fondos públicos.
Los magistrados del Supremo han desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rebajó de cinco a cuatro años y ocho meses la pena que le había impuesto un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso ideal con otro delito de falsificación de documento oficial cometido por funcionario público.
La sentencia recurrida también rebajó de 33.570 a 17.122 euros la cuantía de la indemnización y mantuvo el resto de los pronunciamientos --multa e inhabilitación-- de la sentencia del Tribunal del Jurado.
ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO
En la sentencia condenatoria, recogida por Europa Press, señala que el vicerrector con la finalidad de "enriquecimiento ilegítimo, destinar a su propio beneficio o mera liberalidad los fondos de la Universidad que administraba, engañar en la documentación administrativa justificativa de los gastos y evitar el control posterior, fingió que determinadas facturas o ticket entregados se correspondían con gastos de su actividad como vicerrector e hizo introducir ese contenido falso en los 'Impresos de Motivación del Gasto' que después rubricaba".
Asimismo, indica que "las falsas imputaciones de gastos públicos como vicerrector en realidad eran gastos personales" y "se justificaron como consumos en restaurantes, transportes u otras disposiciones".
Tras ser considerado culpable por un jurado popular y condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial, el acusado presentó recurso ante el TSJA, que al estimarlo parcialmente rebajó la condena en dos meses, dejándola en cuatro años y ocho meses, lo cual ha sido ratificado ahora por el Tribunal Supremo.
