Piden 16 años de cárcel para el acusado del robo de 7,8 millones del Ayuntamiento de San Fernando

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el que pide 16 años de cárcel para el funcionario municipal considerado como principal acusado del robo de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) entre 2004 y 2009. Igualmente, pide 12 años de prisión para otra funcionaria que supuestamente participó y colaboró con el acusado, que ya estuvo en prisión provisional por estos hechos durante dos años.

Según el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009, "movidos de un afán de ilícito beneficio" el acusado, "con la participación y colaboración" de la otra acusada, ambos funcionarios municipales del Ayuntamiento de San Fernando, sustrajo de la Caja Municipal la cantidad total de 7.808.986,22 euros.

Por ello, la Fiscalía solicita para el funcionario seis años de cárcel por un delito continuado de malversación, cuatro años por un delito continuado de falsedad documental, dos años por un delito continuado de falsedad en documento privado y mercantil y cuatro años por un delito continuado de blanqueo de capitales, lo que hace un total de 16 años de prisión.

Por su parte, para la acusada de colaborar y también participar pide 12 años de prisión, ya que no le imputa el delito de blanqueo de capitales. Además, solicita que ambos, conjunta y solidariamente, deberán indemnizar al Ayuntamiento de San Fernando en las cantidades en que el Tribunal de Cuentas haya fijado la responsabilidad civil o, subsidiariamente, en 7.808.986,22 euros, cantidad que se habrá de incrementar conforme a los intereses legales.

En su escrito, la Fiscalía señala que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya que, como ha avanzado Diario de Cádiz, la dilatada instrucción --han pasado 16 años de la detención-- se debe especialmente al nulo resultado que han dado las comisiones rogatorias libradas para investigar lo que se denominó como la trama marroquí, supuestamente vinculada al blanqueo del dinero, que alude a una familia de origen marroquí entonces afincada en San Fernando y otras localidades cercanas que compartía amistad y negocios con el acusado y que en su momento se consideraba una de las claves principales de la causa.

Finalmente, tras no obtener resultado con las comisiones rogatorias a Marruecos para la declaración de estas personas y dado el excesivo tiempo transcurrido sin obtener resultado, en 2023 la Fiscalía presentó un recurso de apelación en la Audiencia Provincial para avanzar en el proceso y evitar su bloqueo.

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO EN LA CAJA

Según señala la Fiscalía, el volumen de cobros que entraba en la Caja de Efectivo fue disminuyendo progresivamente a lo largo de los años y de una media superior a 18 millones de euros anuales entre 1993 a 2000, bajó a una media inferior a dos millones de euros entre 2001 y 2008.

En este sentido, sitúa el primer día del inicio de sustracción de dinero en el 29 de abril de 2004, señalando que "se comprueba que el recuento de ese día (cajón diario de efectivo) deja de coincidir con el saldo que mostraba la contabilidad municipal".

A partir de esa fecha las cantidades que se reflejan en el recuento diario del dinero de caja no es el efectivo que quedó el día anterior, "sino siempre cantidades diferentes que no eran acordes con la contabilidad municipal", alegando los acusados que "existían pagos realizados pero pendientes de recoger en la contabilidad y que por ello no coincidía". En cuanto al efectivo que quedaba del día anterior, "alegaban que reflejaba, además del efectivo del cajón diario del día anterior, los avales indebidamente contabilizados".

Fiscalía recuerda que "la apertura y cierre de la caja, así como los ingresos y pagos en la Caja de Efectivo se realizaba exclusivamente por los acusados" y "la Hoja de Caja la elaboraban diariamente ellos". Igualmente, "eran los únicos que disponían de la única llave de la caja fuerte de máxima seguridad".

CONTROL EXCLUSIVO DE LA CAJA

Es destacable que, según la Fiscalía, que "para no tener que dejar en manos de nadie el control de la contabilidad de la caja ni su contenido y evitar así que cualquier otra persona pudiera descubrir la situación, el acusado ni siquiera disfrutaba de sus vacaciones".

En este sentido, señala que "según certificado del Área de Tesorería del Ayuntamiento, entre 2004 y 2009 tan solo disfrutó de siete días de vacaciones y nunca dos de ellos seguidos", mientras que en años anteriores, "cuando aún no había comenzado la puesta en práctica de su plan", su disfrute de vacaciones fue el normal.

Así, al recuento diario que efectuaban los acusados y que "manipularon continuadamente", la competencia exclusiva de estos, el que ningún otro personal de Tesorería participara siquiera en su realización y el alto grado de confianza en aquellos, "permitió que pudieran manipular falsariamente las operaciones aritméticas reflejadas en la Hoja de Caja".

Según explica la Fiscalía, mediante la atribución de un saldo de efectivo que quedó el día anterior considerado como metálico y avales y el presunto retraso de la contabilización de los pagos, resultaba falseada la cantidad registrada como cajón diario de efectivo.

En este sentido, señala que esta situación era "difícilmente detectable" para una inspección que no consistiese en el arqueo uno a uno de los justificantes de cobros y pagos, ya que las entradas y salidas diarias coincidían en sus importes con las registradas en la contabilidad municipal. "Lo que nunca coincidía era el resultado final del remanente, que era falseado con ánimo de injusto beneficio por haber sido disminuido", ha apuntado Fiscalía, que añade que "cuando se realizaban inspecciones ad hoc en el cajón diario declarado por los acusados, coincidía en su importe con el dinero existente en la Caja, que los cajeros contaban en presencia del Tesorero".

Así, según la Fiscalía, la cifra de las cantidades faltantes diariamente es casi siempre redonda, variando entre 500 y 45.000 euros, procedentes de diferente forma, como cheques o talones bancarios que expedían aduciendo la necesidad, realmente inexistente, de hacer frente a pagos urgentes de ayudas sociales; por importe de tasas por corte de calles y por retirada de vehículos por la grúa municipal; o por líquido de la Caja Municipal, que "tenía un volumen de ingresos en efectivo excesivo, ya que a instancias de los acusados se evitaba siempre que los ciudadanos realizaran los ingresos a través de entidades bancarias".

Finalmente, la Fiscalía recuerda que "sin perjuicio de las actuaciones del Tribunal de Cuentas, no se ha recuperado en el presente procedimiento penal cantidad alguna de las que fueron sustraídas por los acusados".