Tres detenidas al desmantelar un piso en San Fernando destinado a la explotación sexual de mujeres
Se identificaron como posibles víctimas de trata de seres humanos al ser trasladadas desde sus países de origen con falsas promesas laborales
La Policía Nacional, a través del Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría Provincial de Cádiz, ha culminado una investigación que ha permitido desmantelar un piso en San Fernando destinado a la explotación sexual de mujeres, deteniendo además a tres mujeres por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva.
La operación se inició tras varias denuncias y declaraciones de testigos que alertaban sobre la explotación sexual de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas trasladadas desde sus países de origen con falsas promesas laborales, ha indicado en una nota la Policía.
Una vez en España eran sometidas a condiciones abusivas, con jornadas ininterrumpidas, prohibición de salir del inmueble, control por cámaras de vigilancia, escasa alimentación y la obligación de aceptar cualquier servicio solicitado, incluso poniendo en riesgo su salud.
Las inspecciones realizadas por los agentes confirmaron la presencia de víctimas en el inmueble, algunas en situación administrativa irregular.
El análisis de anuncios en páginas web de contactos y de operaciones económicas vinculadas al teléfono de la principal investigada corroboró la actividad ilícita.
Así, durante la fase final de la investigación, autorizada por el Juzgado de Instrucción no 1 de San Fernando, se llevaron a cabo dos entradas y registros, uno en el piso referido y otro en la vivienda de una de las detenidas. En este último se intervino una importante suma de dinero en efectivo, presuntamente procedente de la explotación sexual.
En la operación se identificaron a varias mujeres como posibles víctimas de trata de seres humanos.
Los registros permitieron además la incautación de teléfonos móviles y documentación que acredita el control económico ejercido sobre las víctimas.
Tras pasar a disposición judicial, la autoridad decretó la libertad provisional de las tres investigadas, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Asimismo, se ordenó la clausura temporal de la vivienda durante un periodo de cinco años.
