Normativa

Cádiz se enfrenta al reto de no tirar comida

Clientes consumen alimentos en un bar de Cádiz.
Clientes consumen alimentos en un bar de Cádiz.
Ana Zambrana

Hostelería y Banco de Alimentos coinciden en la importancia de aprovechar, mientras la nueva ley de desperdicio alimentario obliga a cambiar hábitos en toda la cadena.

Tirar comida ya no es una opción. Desde el pasado 3 de abril, además, es ilegal. Una norma que aterriza en algo tan cotidiano como lo que dejamos en el plato o lo que no se vende en un comercio. 

La nueva ley establece que los alimentos aptos para el consumo no pueden terminar en la basura y obliga a toda la cadena, desde productores hasta bares y supermercados, a priorizar su aprovechamiento. Entre otras medidas, fomenta la donación de excedentes, la venta de productos con fecha próxima de caducidad y el derecho del cliente a llevarse las sobras en hostelería. Además, prevé sanciones económicas para quienes incumplan estas obligaciones.

Desde la hostelería, el mensaje es que el aprovechamiento no es nuevo en la capital.

Pero el presidente de la patronal también pone el acento en otro problema que, a su juicio, queda fuera del foco: el desperdicio en origen, en el campo o en la pesca, donde productos que no salen rentables acaban desechándose.

La otra cara de la moneda de esta ley está en el ámbito social. Para el Banco de Alimentos, esta normativa puede marcar un punto de inflexión. Su presidenta, Isabel Gomis, asegura que, si se aplica bien, pueden convertirse en una pieza clave para canalizar esos excedentes hacia quienes más lo necesitan. De hecho, ya están empezando a notar un ligero aumento en las donaciones.

El reto ahora no es solo recoger más alimentos, sino poder gestionarlos. El Banco cuenta con experiencia, voluntariado y herramientas, pero advierte de la necesidad de apoyo para asumir un posible incremento de excedentes. Según su experiencia, el mayor volumen de productos aprovechables sigue estando en los supermercados, donde se concentra gran parte de la cadena alimentaria.

Mientras tanto, la realidad aprieta. Actualmente atienden a entre 12.000 y 14.000 personas en la provincia, muchas de ellas fuera de los nuevos sistemas de ayuda. 

La nueva ley ya está en vigor y obliga a cambiar hábitos en toda la cadena alimentaria. 

Desde el campo hasta el plato, el objetivo es que ningún alimento apto para el consumo termine en la basura.