La muerte de dos guardias civiles en Huelva reabre las heridas no cerradas tras lo ocurrido en Barbate en 2024

La muerte este viernes, 8 de mayo, de dos guardias civiles al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva ha reabierto las heridas que "nunca llegaron a cerrarse" tras lo acontecido en Barbate el 9 de febrero de 2024, cuando otros dos agentes fallecieron al ser arrollados por una narcolancha, unos hechos que marcaron una profunda huella en este pueblo costero de Cádiz.

La asociación Nuestro Corazón Por Bandera, formada por familiares de guardias civiles, sobre todo por mujeres, y que nació tras los trágicos hechos de Barbate, ha lamentado lo sucedido en Huelva, expresando el "profundo dolor, indignación e impotencia" que sienten sus integrantes en estos momentos.

"Hoy tenemos el corazón roto", ha expresado esta asociación en un comunicado, en el que ha señalado que recibir noticias como las que se han conocido hoy supone "volver a abrir heridas que jamás terminaron de cerrar", heridas que "siguen doliendo profundamente y que, con cada nueva tragedia, duelen todavía más si cabe, porque volvemos a sentir que se llega tarde".

Desde hace más de dos años esta asociación ha advertido públicamente sobre la situación que viven "muchos agentes en determinadas zonas de nuestro país", la cual es "insostenible", y que episodios "dramáticos" como el de Barbate, se podrían volver a repetir.

"Hoy la impotencia vuelve a instalarse entre quienes defendemos a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se puede seguir permitiendo que quienes dedican su vida a proteger a los ciudadanos se sientan abandonados o desprotegidos por quienes tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad y sus medios de trabajo", ha lamentado la asociación.

La muerte de estos dos agentes en Huelva ha llevado de nuevo a Nuestro Corazón por Bandera a cargar contra el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha acusado de "no estar cumpliendo con la responsabilidad que exige su cargo" y pidiendo su dimisión al considerar que "España necesita al frente del Ministerio del Interior a una persona que defienda con firmeza los derechos, la seguridad y la dignidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Con la "impotencia" más vigente que nunca, esta asociación se ha preguntado "¿qué más tiene que pasar para que se escuche a quienes llevan años advirtiendo de esta situación y se adopten decisiones reales que protejan a nuestros agentes?".

Cabe recordar que recientemente la Fiscalía presentaba sus conclusiones provisionales del caso Barbate al Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate y pedía un total de 42 años de cárcel para Karim E.B., el piloto de la narcolancha que arrolló la zódiac de la Guardia Civil en la que iban David Pérez y Miguel Ángel González, y que se encuentra en prisión desde septiembre de 2024.

En su informe, la Fiscalía señalaba que la narcolancha embistió "de manera frontal" contra una zodiac de la Guardia Civil "con una clara y determinada intención de acabar con la vida de los ocupantes de la zodiac". Como consecuencia de esta "acción deliberada", murieron dos agentes y otros cuatro resultaron heridos.

Así, se considera al piloto como responsable de dos delitos de asesinato agravado, por lo que pide diez años de cárcel por cada uno de ellos. También, pide cinco años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de asesinato intentado y otros dos años por un delito de atentado agravado. Para el otro acusado, tripulante de la narcolancha, solicita dos años de prisión por el delito de atentado agravado.

A la hora de determinar las penas privativas de libertad, en su escrito de acusación la Fiscalía señala que concurre en ambos acusados, respecto a todos los delitos, la atenuante de arrepentimiento como muy cualificada.

Tras la muerte de los dos agentes en el puerto de Barbate, fueron detenidas seis personas como presuntos responsables de estos hechos, pero un informe posterior de la Unidad Central de Operaciones (UCO) determinó que la embarcación en la que viajaban no había sido la que causó el daño a los guardias civiles, siendo puestos en libertad por estos delitos, aunque manteniendo los cargos por pertenencia a banda criminal.

Desde aquel 9 de febrero se han sucedido los actos de recuerdo de los dos agentes fallecidos en acto de servicio en la provincia de Cádiz, con ofrendas florales en el aniversario de su muerte en el puerto barbateño. También las protestas han sido numerosas en este tiempo, reclamándose en numerosas ocasiones responsabilidades a los mandos que ordenaron el despliegue de la Guardia Civil aquel día, con los medios que disponían para hacer frente a embarcaciones de alta velocidad como los que manejan las redes del narcotráfico.