Junta de Gobierno local

El Ayuntamiento inicia los trámites para expropiar el número 11 de la calle Arbolí

El alcalde de Cádiz, acompañado por dos ediles, tras la Junta de Gobierno local.
El alcalde de Cádiz, acompañado por dos ediles, tras la Junta de Gobierno local.
Fátima Sánchez

Se trata del primero de otros edificios que se sumarán a propiedad municipal para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler.

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la expropiación de la finca situada en el número 11 de la calle Arbolí. Se trata de un inmueble deshabitado y se encuentra vallado, incumpliendo la normativa en materia de seguridad para las edificaciones.

El objetivo es su paso a propiedad municipal para la construcción de vivienda protegida por parte de PROCASA de cara a su puesta a disposición de los demandantes del registro oficial en régimen de alquiler social, según ha trasladado el alcalde.

La Junta de Gobierno Local ha autorizado el trámite este viernes después de que en los últimos ocho años no se haya realizado una gestión similar para el aprovechamiento de fincas abandonadas, con el fin de aumentar la oferta de vivienda pública, según ha señalado Bruno García.

Para el alcalde, se trata de una inversión de futuro, que puede no ejecutarse en los cuatro años de su actual mandato pero que se encontrarán los gaditanos para su beneficio más adelante.

En esta última reunión del año de la Junta de Gobierno local, el ejecutivo municipal ha hecho balance del trabajo realizado en asuntos sociales, destacando que ocupan una gran parte de la gestión en el Ayuntamiento.

El alcalde ha valorado el incremento de la inversión en cerca de 140.000 euros más que en 2022 para las más de 16.000 ayudas tramitadas este año, que han supuesto un montante económico cercano a los tres millones seiscientos mil euros.

Se trata de aportaciones municipales para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad para el pago del alquiler o la hipoteca, para los suministros básicos de agua y luz, para subsanar los gastos de residencias de mayores, alimentación, bonobús o desplazamientos entre otras, con el objetivo de evitar que estos gaditanos entren en exclusión social.