Familia del guardia civil asesinado en Barbate pide "justicia" y dice que los detenidos son "criminales"
Ante el nuevo informe de la UCO, las defensas de los detenidos han solicitado su puesta en libertad, algo a lo que se oponen desde las asociaciones de guardias civiles como Jucil y desde la Fiscalía
Carmen Gómez, la tía de Miguel Ángel, el guardia civil de San Fernando (Cádiz) que fue asesinado el 9 de febrero al ser arrollado por una narcolancha en el puerto de Barbate, ha asegurado este viernes que la familia del agente quiere "justicia" y "no venganza", aseverando además que los seis detenidos como presuntos autores de estos hechos "son unos criminales".
En una intervención en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Carmen Gómez ha explicado que "confía mucho en la Guardia Civil" y que si los detenidos "no son los asesinos, no se les puede acusar de asesinos" y "se les acusará de otras cosas y punto", en referencia a ese informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descarta la participación de los detenidos en el asesinato de dos agentes.
"Para mí todos son malas personas, odiadores, o llámalos como quieran, desde el que estaba jaleando en el puerto hasta todos los que estaban en las narcolanchas", ha dicho la tía del agente fallecido. "Para mí son todos unos criminales, y no queremos venganza, lo que queremos es justicia", ha afirmado tajante.
Así, ha contado que supo de este informe porque se lo mandaron desde la Guardia Civil a la familia y que se lo tomaron "muy mal". "Hay muchas contradicciones, yo aquí no me creo nada de nada, pero hay que confiar, yo por lo menos confío mucho en la Guardia Civil2, ha añadido.
Cabe recordar que este viernes están declarando en los juzgados de Barbate los cuatro agentes que sobrevivieron al ataque de las narcolanchas ocurrido en el puerto de este municipio el pasado mes de febrero, y que costó la vida a dos compañeros, uno de ellos Miguel Ángel, natural de San Fernando y miembro de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.
Ante el nuevo informe de la UCO, las defensas de los detenidos han solicitado su puesta en libertad, algo a lo que se oponen desde las asociaciones de guardias civiles como Jucil y desde la Fiscalía, alegando que sobre ellos pesan otros delitos por los que se les imputan como pertenencia a organización criminal y contrabando, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión.
