La Fiscalía acusa de homicidio al gerente y al conductor del autobús accidentado en 2023
En el escrito del ministerio público se solicitan cinco años de prisión y se les relaciona con haber ignorado las anomalías en el frenado que presentaba el vehículo.
El 9 de octubre de 2023 en torno a las 15.45 horas un autobús, con 23 estudiantes universitarios procedentes de Jerez, que accedía a Cádiz por el puente de la Constitución de 1812 se descontroló invadiendo el carril contrario. El accidente supuso el fallecimiento en el momento de tres personas, y una cuarta que perdió la vida en el hospital Puerta del Mar.
Ahora la Fiscalía ha hecho público el escrito de las diligencias previas que instruye el juzgado número 1 de Cádiz. Un documento que desmonta las primeras hipótesis que planteaban fallos únicamente mecánicos. El ministerio fiscal acusa de homicidio por imprudencia grave al gerente de la empresa y al conductor del autobús, solicitando 5 años de prisión para cada uno y 8 de inhabilitación en sus respectivos puestos.
A este respecto, el fiscal señala que el vehículo “venía arrastrando anomalías en el sistema de frenado desde el año 2021” y que se venían reparando para obtener informes favorables en las inspecciones técnicas, llegando incluso, confirma, a realizarse una manipulación “al sistema de frenado del eje trasero”, algo que según el auto “le inhabilitaba para circular por las vías públicas”.
Además, según se explica en el escrito el conductor, que había incumplido el “descanso semanal”, circulaba con “una conducción desatenta y distraída, inició el tramo descendente del puente a velocidad de 105km/h”. Añade el fiscal, que si se “hubiera accionado el sistema de frenado con la debida presión se hubiera detenido a los 151,93 metros, quedándose detenido el autobús en el punto de colisión del muro junto al Corte Inglés”, al no hacerlo el vehículo llegó a 79,9 km/h a la glorieta, perdiendo el control y finalmente, produciendo los atropellos.
El suceso provocó además de los fallecimientos, heridas a parte del pasaje, daños materiales en mobiliario urbano y un vehículo, cuyo ocupante también sufrió estrés postraumático.
En el escrito de acusación, el ministerio público pide a los dos acusados indemnizaciones para las víctimas y sus familiares por cuantías superiores en total a 500.000 euros.
