Las medidas de control y regulación de la Junta cancelan 484 viviendas de uso turístico en Cádiz
Los ayuntamientos disponen de la opción de suspender licencias y declaraciones responsables vinculadas a viviendas de uso turístico por un plazo de hasta tres años.
La Junta de Andalucía ha cancelado 13.037 viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía gracias a la estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector.
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, afirma que "estos datos confirman que el Gobierno de Juan Manuel Moreno actúa con firmeza, rigor y equilibrio, con una política turística que garantiza la convivencia entre los residentes y los visitantes al mismo tiempo que establece mecanismos para combatir la actividad ilegal".
Gracias a este nuevo marco, los ayuntamientos pueden suspender licencias y declaraciones responsables de viviendas de uso turístico hasta tres años, con el fin de adaptar sus planes generales.
El balance de cancelaciones por provincias deja 1.836 en Cádiz, situándose por detrás de Málaga y Granada, y en la capital gaditana, un total de 484.
Este avance se apoya en la aprobación del Decreto 31/2024, que clarifica la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan límites proporcionados al número de viviendas turísticas por edificio, zona o periodo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma el Decreto ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que refuerza la capacidad de los municipios para adecuar esta actividad al modelo de ciudad definido en su planeamiento urbanístico y preservar el entorno urbano.
La nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que ya ha comenzado su tramitación el Parlamento de Andalucía incluirá por primera vez las Viviendas de Uso Turístico como servicio de alojamiento turístico y se regula la actividad clandestina y la oferta ilegal. La norma reforzará la inspección y se endurecerán las sanciones. Las graves aumentarán hasta los 100.000 euros y las muy graves a los 600.000 euros.
