AIG denuncia un protocolo “inhumano” del Ayuntamiento de Cádiz contra las personas sin hogar
La coalición acusa al gobierno de Bruno García de practicar desalojos diarios y retirada de enseres, mientras el Consistorio lo niega y Autonomía Obrera habla de vulneración de derechos humanos
Adelante Izquierda Gaditana ha mostrado su “más rotunda repulsa” al protocolo que el Ayuntamiento de Cádiz viene aplicando desde hace más de un año en parques y espacios públicos donde pernoctan personas sin hogar, al considerar que se trata de una práctica “inhumana” basada en desalojos diarios y retirada de mantas y pertenencias básicas.
La portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, ha señalado que estas prácticas, denunciadas públicamente por el comité de empresa de la UTE Infraestructura Verde Cádiz, se están llevando a cabo “sin garantizar la dignidad ni la protección de las personas afectadas”. Para la formación, el hecho resulta “especialmente grave y doloroso” tras el fallecimiento de cuatro personas sin hogar en la ciudad durante el pasado mes de enero, lo que, a su juicio, evidencia la ausencia de un plan integral de atención por parte del equipo de gobierno municipal.
Frente a estas acusaciones, el Ayuntamiento de Cádiz ha negado de forma reiterada la existencia de cualquier dispositivo específico de desalojo o retirada de pertenencias personales. El Consistorio sostiene que las intervenciones en parques y jardines responden exclusivamente a labores de limpieza por motivos de salubridad, que la Policía Local actúa solo como apoyo a los operarios y que, en paralelo, se han incrementado los recursos municipales destinados a las personas sin hogar, con más plazas de pernocta y refuerzo de la atención social y sanitaria.
Esta versión es rechazada por Autonomía Obrera, que a través del comité de empresa de la UTE Infraestructura Verde Cádiz denuncia la aplicación sistemática de un protocolo específico que implica desalojos diarios, retirada inmediata de mantas y enseres y ausencia de alternativas habitacionales, incluso en pleno invierno. El sindicato considera que estas prácticas constituyen una vulneración de derechos humanos y exige su anulación inmediata, así como la puesta en marcha de medidas urgentes de atención social no policial.
