Profesionales sanitarios del Hospital Puerta del Mar y usuarios y personal de las residencias de mayores Gades y San Juan de Dios han completado su vacunación este martes.
Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias ofrecen un panorama muy similar al del mes de marzo, ya que son solo 9 hospitalizaciones menos que en 2020.
La decisión se tomará por cada uno de los comités territoriales y las medidas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta.
El Sindicato Profesional de Vigilantes ha explicado que los empleados debían haber sido subrogados, tal y como se había aceptado en el pliego de condiciones firmado entre la Universidad y la nueva adjudicataria de la seguridad.
El juzgado ha desestimado la querella penal interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos por haber permitido que símbolos LGTBI estuvieran vigentes en la fechada del Ayuntamiento el Día de Orgullo.
La agresión se realiza a través de un mensaje de texto corto que se recibe en el dispositivo móvil y que incluye un enlace para instalar un aplicación con la apariencia de ser la oficial.
La empresa municipal asesorará a la ciudadanía sobre las nuevas medidas del Gobierno, con la puesta en marcha de un teléfono y un sistema de cita previa.
Las medidas pasan por la contratación de más personal en hospitales y centros de salud pero, principalmente, por la contratación de rastreadores, según Alberto Puyana, responsable provincial de sanidad en CSIF.
Por parte de la Junta de Andalucía, la delegada provincial Ana Mestre ha asegurado que serán vacunadas como el resto del personal de la atención primaria
Andalucía registra en su totalidad la segunda cifra más alta de toda la pandemia y la tasa de incidencia sube hasta 463 casos por cada 100.000 habitantes.
La petición de los profesionales sanitarios ante la escasez de reservas, ha hecho que se movilice una gran parte de la ciudadanía ante la sede de donaciones en el hospital Puerta del Mar.
El contrato anunciado por la ministra de hacienda y adjudicado exclusivamente a la Bazán, ha provocado malestar en el comité puertorrealeño, por la limitada carga de trabajo que mantienen.
